Después de que el portal Latinus difundiera un reportaje sobre supuesto despojo de departamentos en el que involucran la familia García-Miranda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gustavo Miranda, salió a responder que se trata una “ficción”, cuya realidad jurídica no tiene ni sustento ni vigencia.
“Esa carpeta de investigación se envía a medios de comunicación federales y estatales. Y son las autoridades pertinentes quienes demostrarán el resultado para los legalmente implicados”, dice en un comunicado.
Generación de empleos
Miranda afirma que su familia viene de la cultura del trabajo y el esfuerzo, que son reconocidas en Quintana Roo. “La cantidad de empleos que generamos, así como la amplia cantidad de turistas que llegan año con año, es producto de largas jornadas de trabajo, de años de perseverancia y, sobre todo, del profundo cariño que le tenemos a esta tierra”, declara.
División de poderes
El diputado afirma que se ha caracterizado por como Presidente de la Junta del Congreso Quintana Roo por buscar la autonomía y la auténtica división de poderes.
“Siempre construyendo acuerdos mediante diálogo y consensos para fortalecer la democracia de nuestro querido estado”, dice. Pero aclara que su único error fue no ceder ni someterme a las presiones a las que, por décadas han estado acostumbrados a ejercer quienes están en el poder y se niegan a perderlo”.
Ni me quiebran ni me doblo
Lamentó que los ataques a su familia sean parte del golpeteo político de un grupo que con muchos recursos ha invertido en una constante “guerra sucia”, para manchar el legado de trabajo y esfuerzo.
“Pero no lo van a lograr. Seguiré la lucha por la autonomía del Poder Legislativo, por la transparencia y la rendición de cuentas y por evitar el despilfarro del dinero que le pertenece a los quintanarroenses”, expresó para finalizar: “Ni me quiebran ni me doblo, al contrario, seguiré trabajando con más fuerza que nunca”.
El reportaje afirma que el mecanismo de despojo de propiedades de alta plusvalía, funciona a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje desde el gobierno de Félix González Canto, se mantuvo durante Roberto Borge y continúa con Carlos Joaquín González.